¡Es la cultura, imbéciles!

16/07/2019

Mariel Gisella Duarte, la policía asesinada.

 

El 4 de julio, Clara Mariño describía en Twitter el triste suceso del día anterior y sus consecuencias inmediatas: "Matan por la espalda a una joven mujer policía Mariel Duarte. Hasta el momento la dirigencia política ni lo registra. Naturalizamos hechos con asombrosa desidia. Mariel tenía 26 años y estaba yendo a trabajar. Nuestras condolencias a su familia". Esa observación sigue siendo certera y punzante al paso de los días. No hubo reacción de la dirigencia política, y acaso ese silencio esté diciendo bastante sobre la superficialidad discursiva de la campaña electoral y la ausencia de propuestas en materia de seguridad. Tampoco se conmovió el grueso de la sociedad, no reaccionaron los que se rasgan las vestiduras por los derechos humanos, ni alzaron el cartel de ni una menos las activistas del feminismo; tan sororas ellas. 

 

De alguna manera, buena parte de nuestra sociedad se conmueve y compromete, o al menos asume la pose del compromiso, únicamente por relatos hipócritas. Sea la fantasía morbosa de un ahogado al que se vende como desaparecido forzado, o la épica inverosímil de brutalidad policial destinada a impedir un beso lésbico, lo falso es sostenido como verdad pese a la autopsia o al video que desmienten ambos cuentos. Peor aún, cuentos sostenidos en abierta condición de fraude por fuerzas políticas y legisladores nacionales, de los que nunca surge un gesto de mínima solidaridad para con los agentes del orden. Es que el mito instalado por la izquierda y repetido por los progres afirma que los derechos humanos son para defender a las personas de los abusos del Estado y no a las víctimas de delincuentes comunes o a los agentes del Estado, algo que ya desde el título desmiente la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en cuyo texto y espíritu no está la exclusión de nadie. Mal que les pese a muchos: los policías y militares tienen los mismos derechos humanos que cualquiera. 

 

REVANCHISMO SETENTISTA

Así las cosas, con el pasado no resuelto y la sanata de revanchismo setentista instalada como verdad en el imaginario colectivo, debe ser cierto que la sangre de los policías argentinos seca rápido. Lo intuyen algunos vecinos de González Catán consternados por la muerte de Mariel Gisela Duarte, agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que prestaba servicio en el Comando de Patrullas Norte. Lo sabe la familia policial y lo acredita la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos muertos por la delincuencia, que preside Carlos Romero, en su diario bregar por la memoria para la afirmación del deber ser. 

 

Si el equívoco y la indiferencia se instala en la cultura, la sociedad se desentiende del significado y valor de quienes ofrendan su vida por el sentido del deber que ella misma ha determinado; por lo cual arriesga la pérdida de su propia identidad y supervivencia. 
Allí radica lo grave de no interpretar la amenaza colectiva que implica la muerte de un oficial de policía por el simple hecho de vestir uniforme, mucho más si el objetivo material del ataque es robarle el arma para seguir delinquiendo. Y llamativo el silencio mediático del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo. 

No basta esclarecer el crimen, ni el acto administrativo de un ascenso post mortem para dar vuelta la página. Desde el mismo ingreso, que es una decisión personal por el coraje, todo integrante de una fuerza de seguridad asume el riesgo de morir, por actos de servicio o por lo que representa su condición policial; lo cual explica que no se trabaja de policía, se es policía. Y ese riesgo, cuando se materializa, no se asume con resignación ni olvido, sino reafirmando la vocación de servicio y el compromiso de honrar a los caídos contribuyendo al prestigio institucional. Los ritos que hacen al espíritu de cuerpo de toda institución armada no se agotan pues en lo estrictamente funerario y unas salvas de honor, se continúan de forma cotidiana; ya que tener presentes a los camaradas muertos contribuye a mantener alertas a quienes gastan suelas en las mismas calles.

 

Si la conducción política de una fuerza de seguridad no subraya el valor de sus caídos, como el sacrificio máximo que el cumplimiento del deber puede exigir (repito y enfatizo: exigir) a sus miembros, sencillamente no conduce. 

 

En un contexto de marcado daño institucional, cualquier gestión de seguridad puede aparentar ser exitosa en el corto plazo si se limita a ordenar algunos elementos en el funcionamiento de sus componentes específicos, pero no llega a establecer y proyectar política de seguridad alguna sin asumir que toda estructura institucional, ya sea nacional, provincial o municipal, se encuentra inmersa en la cultura y condicionada por ella. Comprender el factor cultural como superestructura y operar en él, es lo que hace sustentable a las instituciones del sistema representativo, republicano y federal adoptado por la Constitución para su gobierno.

 

VIVENCIA SOCIAL

La cultura de país no es la resultante automática de la constitución escrita, es la vivencia social del campo de batalla en el que diversas voluntades ideológicas combaten por lograr o impedir su supremacía. Y el Estado no puede ser neutral, porque constitucionalmente está obligado a sostener una determinada orientación cultural en la defensa del orden establecido, necesariamente conservador, evolutivo y prudente antes que experimental o revolucionario, lo que debe hacer de modo prolijo, coherente, organizado y sin dejarse captar por facción alguna. 

 

Simplemente es imposible garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional sosteniendo desde las instituciones del Estado valores, principios y ejemplos contrarios a ella. 


Esa contradicción cultural explica el rotundo fracaso de la seguridad a nivel nacional y bonaerense en los 12 años de kirchnerismo, como también en los 12 años socialistas de la Provincia de Santa Fe. Y es que mal pueden garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional, quienes reivindican a organizaciones terroristas como Montoneros y el ERP, a criminales como el Che Guevara o tiranías como la cubana con su satrapía venezolana.

 

El significado de la palabra "subversión", que ningún político argentino se atreve siquiera a pronunciar y tampoco a pensar, por el miedo ridículo a descubrirse videlista (a ese extremo se ha vaciado de contenido el lenguaje en tiempos de imbecilidad inclusiva), es la acción y el efecto de subvertir, trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido. Y en la batalla cultural por la supremacía irrestricta de la Constitución Nacional, no honrar en debida forma a nuestros muertos es un logro de la subversión que nos debilita. Por eso advierto, una vez más: ¡Es la cultura, imbéciles!

 

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